El primer año de funcionamiento de la Fiscalía Europea (EPPO) muestra que está funcionando bien: 4006 informes de delitos registrados y analizados, 929 investigaciones abiertas y 259 millones de euros (más de cuatro veces el presupuesto anual de la Fiscalía Europea) de órdenes de congelamiento concedidas. Sin embargo, quedan desafíos, siendo el más importante el bajo nivel de detección del fraude en la UE.
Tan pronto como se registró el primer caso de la EPPO a las 7:00h del 1 de junio de 2021, se creó la ‘zona EPPO’. Una zona en la que la Fiscalía Europea es la principal entidad responsable de luchar contra el fraude en la UE por medio del Derecho penal: 35 oficinas en 22 países implementan la misma política procesal: centrarse en los casos relacionados con la delincuencia organizada grave, con el mismo objetivo principal: ayudar a los Estados miembros de la UE a recuperar los daños.
En el curso de la realización de su potencial, la Fiscalía Europea quisiera que los Estados miembros de la UE participantes establecieran unidades especializadas dedicadas para apoyar las investigaciones. Con ese fin, la Fiscal Jefe europea ha propuesto la creación de un cuerpo de élite de investigadores de fraude financiero altamente cualificados, que podrían trabajar transnacionalmente dentro de la Fiscalía Europea.
La Abogacía española ha reconocido la importancia de la puesta en marcha de la Fiscalía Europea y por eso, desde 2021 y hasta 2023, el proyecto EULAW forma a abogadas y abogados en Fiscalía Europea. Hasta el momento se ha formado a 60 profesionales de la Abogacía a través de dos seminarios – el objetivo final son 250 profesionales formados del proyecto. Además se está preparando una guía que ayudará a entender el trabajo de esta nueva institución europea.
De las 4006 denuncias procesadas por la Fiscalía Europea durante su primer año en funcionamiento, 1921 procedieron de autoridades nacionales, 1841 de particulares, 231 de instituciones, órganos, organizaciones y agencias de la UE, y 13 fueron registradas de oficio por los Fiscales europeos Delegados.
Una vez que la EPPO obtiene un informe de delincuencia viable, genera una mejora tangible. El acceso inmediato a toda la información en los casos registrados en los Estados miembros participantes permite establecer conexiones y encontrar activos que de otro modo no podrían ser identificados. El alcance de las investigaciones a menudo se amplía a varios países, y actualmente nadie está mejor posicionado para investigar todas las posibles ramificaciones de un caso transfronterizo. La EPPO es también un acelerador: se han producido las primeras condenas y confiscaciones, algo que no se ve en este tipo de investigaciones financieras complejas.
Ya sea en los Estados miembros de la UE o en las diferentes instituciones, organizaciones, organismos y agencias de la UE, el nivel de detección del fraude en la UE es desigual y, con demasiada frecuencia, bajo. Si no hay detección, no puede haber investigación, enjuiciamiento, juicio ni recuperación de daños.
Los grupos delictivos organizados son capaces de infligir enormes daños solo con el fraude del IVA, probablemente entre 30.000 y 60.000 millones de euros al año. Se trata de dinero que debería haberse ingresado en los presupuestos de los Estados miembros o simplemente les fue robado. Con demasiada frecuencia, nos enfrentamos a una comprensión bastante limitada de las implicaciones, para cualquier economía y sociedad, de la existencia de organizaciones delictivas capaces de infligir tales daños únicamente con el fraude del IVA.
