Aunque existen legislaciones que protegen a los menores en situaciones transfronterizas, actualmente, no existen leyes de la UE que aborden específicamente la protección de los adultos en dichas situaciones. Por eso, lasa nuevas normas pretenden tiene como objetivo establecer medidas que mejoren los derechos de las personas en situaciones transfronterizas como el derecho a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones en lo que respecta a su persona y arreglos futuros cuando se mueven dentro de la Unión Europea.
Esta iniciativa se quiere aplicar a los casos de los adultos que, por una deficiencia o insuficiencia de sus facultades personales, no están en condiciones de proteger sus propios intereses.
La propuesta se ha presentado en el marco de la creciente movilidad transfronteriza de personas dentro de la Unión. La situación presenta diversos desafíos como la necesidad de gestionar activos o bienes inmuebles en otro país, buscar atención médica en el extranjero o trasladarse a otro país de la UE. En ese contexto, las personas a menudo se encuentran ante leyes complejas y, en ocasiones, contradictorias.
Por ello, el nuevo reglamento introduce un conjunto simplificado de normas que se aplicarán en toda la Unión Europea que establece un marco jurídico Uniforme. Determina qué tribunal es competente, qué ley es aplicable, en qué condiciones se debe dar efecto a una medida extranjera o poderes de representación extranjeros y cómo pueden cooperar las autoridades.
Didier Reynders, comisario de Justicia, ha asegurado que "las nuevas normas simplificarán en gran medida los procedimientos transfronterizos para los adultos que necesitan asistencia o protección jurídica".
Propone diversas herramientas y prácticas como facilitar la comunicación digital; introducir un Certificado Europeo de Representación que facilite a los representantes la prueba de sus poderes en otro Estado miembro; o establecer registros interconectados que proporcionen información sobre la existencia de protección en otro Estado miembro.
La propuesta, que aún debe ser debatida y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo, se aplicaría 18 meses después de su adopción.
